Por Carolina Vásquez Araya
Solo se puede mejorar la imagen
gubernamental tomando las decisiones correctas.
La
campaña de imagen contratada por el gobierno de Guatemala a una empresa
extranjera es, en realidad, una medida desesperada para manejar la grave crisis
de credibilidad de la actual administración. En apariencia, se trata de una
estrategia para consolidar lazos entre el gobierno y las instancias
legislativas estadounidenses, además de maquillar la desteñida imagen oficial, pero
revela de manera tajante la incapacidad del equipo diplomático para cumplir con
los requisitos mínimos exigidos para desempeñar tan importantes cargos, como es
la consolidación de las relaciones con otros Estados sobre la base de un mejor
posicionamiento del país en el plano internacional y un conocimiento profundo
de los atajos para conseguirlo.
En
realidad, lo que se ha contratado es una “diplomacia paralela” en manos de
personas ajenas a los intereses nacionales, quienes ofrecen sus servicios con
el único objetivo de aprovechar las debilidades de un gobierno extranjero para
conseguir un jugoso beneficio económico.
De
quién haya surgido la idea de gastar –porque no es inversión- más de 14
millones de quetzales en semejante iniciativa, no ha sido revelado. Sin
embargo, dado que el mandatario prefiere rodearse de representantes del sector
privado incluso para asistir a eventos internacionales de enorme relevancia
estratégica y diplomática, es de suponer la influencia de los empresarios en
este generoso derroche de recursos del Estado. Pero, ¿cuál es el interés de
intentar lo imposible? Una hipótesis es la necesidad de mejorar la imagen
desgastada de un gobierno desorientado y poco transparente, quizá para reforzar
el andamiaje que le permita llegar hasta el final mientras en el trayecto se
filtran proyectos de privatización de servicios públicos, como por ejemplo la
salud, a espaldas del pueblo.
Un
operativo ambicioso y de dudoso resultado como una campaña de imagen con
intenciones de arrojar un poco de neblina hacia el verdadero estado del Estado,
solo muestra una peligrosa debilidad institucional y escasa visión respecto de
la ruta más indicada para reparar la desviación experimentada por las
propuestas de campaña y las políticas públicas en sectores fundamentales como
salud, educación, seguridad y vivienda.
La
población sabe bien cuánta mentira hay en las propuestas que llevan a un
candidato a la primera magistratura de la nación. A cualquiera de ellos, como
ha sido obvio a lo largo de los años. Sin embargo, toda iniciativa ciudadana
para cambiar las reglas del juego en los estamentos electorales y de partidos
políticos se ha estrellado estrepitosamente contra el muro legislativo de los
beneficiados con las actuales leyes, lo cual ha impedido el acceso de mujeres y
pueblos originarios a espacios de decisión que les atañen directamente, por
ejemplo en donde se bloquean las leyes de paridad e inclusión, así como las políticas
públicas en educación y salud sexual y reproductiva, ambas de enorme impacto
para la población.
Ante
el estado de la nación, no hay jabón suficientemente efectivo para remover las
manchas profundas de la corrupción, la incapacidad administrativa y el
clientelismo. Es imposible restituir algo tan delicado y frágil como la
confianza ciudadana con un contrato que únicamente beneficia a una empresa
extranjera cuya magia tiene sus límites. Ni siquiera bañándose en agua bendita
lograrían los burócratas y dignatarios en el poder, sacar a relucir brillos que
no poseen, menos aún si su interés está evidentemente dirigido a blindarse
contra la fiscalización ciudadana y garantizarse las ganancias más abundantes
que les sea posible obtener antes del fin de su mandato.
ROMPETEXTO: Las deficiencias en el manejo de la cosa pública no desaparecen con una
campaña de imagen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario